MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS EN MÉXICO, SÍNTESIS DE DOS DÉCADAS RECIENTES

VIOLENT DEATH IN MEXICO, SYNTHESIS OF TWO RECENT DECADES

La violencia es un fenómeno histórico, podría decirse que así como el trabajo transformó las sociedades humanas, la violencia las reconfigura constantemente. Como tal, puede analizarse desde distintas perspectivas disciplinarias: ciencias sociales, penales y recientemente, desde la salud pública. La violencia de acuerdo con Reiss (BID, 1997), se define como hechos visibles y manifiestos de agresión física, que provocan intencionalmente daños capaces de producir secuelas temporales o permanentes o incluso llegar a la muerte; no obstante, el uso intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte incluye el suicidio, pues es una acción violenta que a veces está motivada por un deseo de venganza. Además, "…debe entenderse como la interacción entre factores que tienen que ver con el desarrollo psicosocial de los individuos, sus diferencias neurológicas y hormonales y los procesos sociales que se dan a su alrededor." (Hijar, López y Blanco, 1997:2) Es decir, tiene un sustrato biológico aunque también supone un fuerte determinante social.

Algunos autores describen las formas de violencia, definiéndolas según la víctima: niños, mujeres, viejos (Londoño y Guerrero, 1999); el victimario: criminal, militar, de Estado (Maldonado, 2014; Pereyra, 2014); el tipo: manifiesta y estructural (Hijar et al., 1997). En todo caso, se trata del ejercicio de la fuerza/poder sobre otra persona, sobre una colectividad o sobre sí misma.

El concepto de violencia estructural se deriva de la propuesta de Galtung (La Parra y Tortosa, 2003), modelo semejante a un iceberg, donde únicamente se percibe la violencia directa, aunque sus orígenes no visibles se relacionan con las necesidades insatisfechas de un sector de la población, lo cual es socialmente injusto pues se podrían atender con decisiones adecuadas; el fenómeno podría ser comprendido como expresión de la injusticia social, desigualdad, inequidad, exclusión y pobreza. Se privilegia el concepto de violencia estructural porque:

La violencia como causa de muerte es alta en América Latina, donde se reportan 27.5 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que llevó en 2005, a definirla como la segunda región más violenta del mundo (Buvinic, Morrison y Orlando, 2005); aunque se registra mayor afectación en algunas regiones, tal como reporta Briceño (2002) al ubicar mayor violencia en las grandes ciudades, donde destacan Rio de Janeiro (Brasil), San Salvador El Salvador), Caracas (Venezuela) y Cali (Colombia). Las cifras de ese reporte señalan que México tiene una menor incidencia de muerte por violencia.

Aunque en México, durante la década de 1990, se reportaba una tendencia ligeramente descendente en la incidencia de muertes por violencia (López, Hijar, Rascón y Blanco, 1996; Hijar et al., 1997; Londoño y Guerrero, 1999; Garzón, 2010), el fenómeno no es homogéneo. No obstante Garzón (2010) afirma que esta reducción no necesariamente es reflejo de la contracción de la criminalidad, pues bien puede deberse a la consolidación de ciertas estructuras del crimen organizado.

En México, durante 1979, se registraron 17.5 defunciones por causa de violencia ‒por cada cien mil habitantes‒; en 1992 alcanzó poco menos de 20 defunciones (19.1) por la misma constante poblacional. Las diferencias entre entidades eran claras, en Yucatán únicamente se reportaron tres, mientras que en Guerrero llegaron a 57 muertes por la misma cantidad de población. La ocurrencia era 10 veces mayor entre los hombres, de manera más acentuada a partir de los 35 años; se estimó una cifra superior a 15 veces más riesgo en este grupo etario (López et al, 1996; Hijar et al., 1997). Obviamente, la heterogeneidad en la distribución del fenómeno apuntaba a las grandes ciudades, como el Distrito Federal (Londoño y Guerrero, 1999; Briceño, 2002), dando por un hecho que la violencia en zonas rurales era menor, lo que es contrario a lo señalado por Maldonado (2012), al referirse a Michoacán, donde las zonas rurales concentran distintas formas de violencia y las defunciones derivadas no siempre son registradas.

Los trabajos independientes de Hijar (1997) y López (1996) destacan la afectación a grupos más vulnerables (niños, niñas y personas adultas mayores), así como el hecho de que la violencia contra las mujeres se reporta en espacios privados, en tanto que en el caso de los hombres ocurre en espacios públicos. Si bien la violencia contra las mujeres no es un asunto de menor importancia, no se tratará en este artículo.

A partir del 2000 se documenta en México, particularmente en ciertas regiones del país, el incremento de la muerte por violencia vinculado al crimen organizado y a la reacción del Estado. Aunque cotidianamente aparecen datos sobre muertes violentas en los medios de información, la magnitud registrada no está dimensionada objetivamente por la ciudadanía, en su mayoría aterrorizada por el fenómeno.

A la luz de los acontecimientos que sacuden al país, este trabajo tiene el propósito de documentar la mortalidad por causas violentas en México y destacar algunos aspectos de salud en sus distintas dimensiones. Asimismo, los datos se observan en el contexto de la "guerra al narco" declarada durante el sexenio calderonista (2006-2012), para vislumbrar grosso modo cómo el discurso oficial legitima el uso de la fuerza del Estado, con permanente violación a los derechos humanos, manipulando la opinión pública, desplazando otras necesidades reivindicadas por la población dentro de la agenda nacional: servicios educativos y de salud de mayor calidad y cobertura, más y mejores empleos y, en términos generales, mejor calidad de vida para los mexicanos.

Se realizó un estudio de transversal, tomando como evento de interés las defunciones registradas en México durante el período 1998-2011. Se recuperaron los datos de la base digital del Sistema Nacional de Información Salud (SINAIS), discriminando las causas reportadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) contenidas en el capítulo XX -Causas Externas de Mortalidad-, novena y décima revisión, respectivamente: Agresiones y homicidios (E960-E969; X85-Y09); Suicidios y agresiones autoinfligidas (E950-E959; X60-X84) y Eventos de intención no determinada (E980-E989; Y10-Y34)¹.

Para construir la incidencia acumulada (IA) del evento de interés se definió:

El número de eventos corresponde al numerador, los denominadores se calcularon con base en los datos del Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), Censo Nacional de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 2010. El incremento poblacional entre cada período se estimó de manera aritmética, empleando la tasa de crecimiento media anual disponible en la misma fuente. Se calcularon razones de masculinidad Razones de incidencia (Ih = Incidencia en hombres; Im= Incidencia en mujeres) y diferencias de incidencia (DI = Ih = Im). Donde Rm es la razón de masculinidad y RI corresponde a la razón de incidencias, que estima el exceso de riesgo de morir por violencia asociado a ser hombre (Hernández, 2009).

En el análisis epidemiológico la comparación de frecuencias con fines descriptivos se debe hacer con base en datos históricos, por lo que se incluyeron datos de 1990 y 1995, cuya fuente fue INEGI. La información se procesó en el paquete SPSS v21.

Entre 1998 y 2011, se registraron 294,791 defunciones bajo los códigos del Capítulo XX, Causas Externas de Mortalidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).

La distribución del evento se produce en tres categorías o códigos principales: Agresiones y homicidios; Suicidios y Eventos de Intención no Identificada.

Debe notarse que al comparar 1998 y 2011, prácticamente se duplica el número de defunciones debidas a Homicidios; la proporción de esta causa alcanza el máximo en 2010, cuando se reportan tres de cada cuatro muertes por violencia. También se observa un punto de inflexión en el 2007, a partir del cual la tendencia es claramente ascendente; 65.3% del total de muertes se debe a homicidios. Por tal razón el énfasis de este trabajo se ubica en esta categoría; el fenómeno del suicidio presenta sus propias particularidades y complejidad. En los casos de defunción derivada de eventos cuya intención no fue posible determinar únicamente se podría especular.

En el cuadro 2 se presenta el comportamiento de las defunciones debidas a Agresiones /Homicidios, se reitera que las referencias a los años 1990 y 1995 se agregan como parámetro de comparación en la aproximación de los riesgos de morir por causas violentas.

La incidencia acumulada ‒equivalente a la probabilidad de morir por homicidio‒enseña una tendencia descendente hasta el 2006; que durante el sexenio calderonista se incrementó 2.2 veces. Entre los varones, el mismo comportamiento se mantiene (2.3 veces en el incremento), y aunque entre las mujeres no es tan acentuado (1.8 veces) sigue la misma tendencia; esta serie de datos muestra que el fenómeno ocurre predominantemente entre hombres. Como ejemplo, en 2010 ocurrieron 9.7 defunciones de varones por cada mujer víctima de homicidio en México.

Debe notarse que el comportamiento de la frecuencia de homicidios durante 15 años, comprendidos entre 1990 y 2005, muestra variaciones irregulares; sin embargo, la tendencia en el sexenio de Calderón evidencia una clara disposición ascendente de manera sostenida, que incrementa en más del doble los riesgos de morir violentamente en México.

Las razones de incidencia y las diferencias entre ellas muestran ‒proporcionalmente los riesgos de morir según el sexo de la víctima‒ que la probabilidad de ser víctima de homicidio es diez veces mayor entre los hombres respecto a las mujeres, como ocurrió en 2010 (cuadro 3), cuando se reportó la máxima expresión durante el período que se describe.

Siguiendo con la descripción, la figura 1 ilustra que el comportamiento de la muerte por Homicidio en México ha tenido un incremento drástico, de manera consistente en el período que se describe, donde 2010 reporta la cifra máxima.

Durante el sexenio calderonista (2006-2011) las defunciones por homicidio en edad No Especificada aumentaron de 188 a 1,594, es decir que se multiplicaron 8.5 veces. Al comparar el comportamiento de este dato, el promedio del período 1990-2005 es de 202 hombres no identificados, no se reporta el grupo de edad al que pertenecen. Durante el período 2006-2011, el promedio fue de 567, lo que significa que se multiplicaron cerca de tres veces (2.8), lo que expresa que por lo menos 95 personas cada año fueron colocadas en una fosa común y sus familiares no tienen certeza de la pérdida. Este dato corresponde a los eventos registrados, distinto al número de personas desaparecidas, informe que no se conoce.

Sobre la base de que la muerte debida a homicidios ocurre a edad productiva y estimando que cada muerte registrada en el sexenio pasado representó en promedio al menos 30 años de vida saludable perdidos (Lozano, Franco-Marina y Solís, 2007) se obtiene un valor de 3’182,760 de años de vida productiva desaparecida, pérdida lamentable en todo sentido. El indicador Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA) se emplea, con un fundamento economicista para estimar la pérdida potencial del tiempo de producción de bienes que no se lograron. No se pretende que este aspecto sea lo relevante del fenómeno que se describe.

El término violencia estructural alude a un conflicto entre grupos de poder, el alarmante incremento de la mortalidad registrada en México debida a homicidios durante el sexenio que se describe, remite inevitablemente a la decisión gubernamental de "declarar la guerra al narco", a finales de 2006 (García, 2011; Bartolotta, 2011). Briceño (2002) sostiene que en América Latina no vivimos en guerra, pero que hoy existen más niños y niñas huérfanas y mujeres viudas debido a la violencia que si la hubiese. Son los llamados daños colaterales, que indudablemente trastocan la dinámica del grupo familiar: habrán más aportantes a la microeconomía, deserción escolar y se cancelarán oportunidades (García & Pacheco, 2000) lo que se entiende como necesidades básicas insatisfechas.

Aunque, como se afirma (Rubio, 1998, citado por Garzón, 2010:4), "La monopolización de los mercados ilegales, una idea recurrente en la literatura sobre mafias y el crimen organizado, es más consistente [para explicar los niveles de homicidio]… que la noción de una sociedad en la que el ciudadano promedio es un criminal." es indispensable considerar la mortalidad por homicidios desde una perspectiva histórica y política. Es decir, insatisfacción de necesidades básicas que produce malestar en las personas.

Contrario a lo que afirma Zepeda, la causa más frecuente de muerte por causas violentas no son los accidentes, sino los homicidios, que representan cerca de siete de cada diez defunciones en el sexenio pasado. Consideramos que hablar de violencia imprudencial es un eufemismo. Este autor reporta que en 2001, la proporción de homicidios era de 40% dentro del capítulo XX de la Clasificación Internacional de Enfermedades (10ª revisión), cifra superada por Colombia y Brasil, con 76% y 52%, respectivamente. Diez años más tarde México presenta 65% de defunciones por homicidios, lo que es indicador de inseguridad y malestar en la ciudadanía. La incidencia de muerte por homicidios en México es comparable a la de Colombia, que reporta 26 defunciones debidas a esta causa, por cada cien mil habitantes (Zepeda, 2007).

El impacto potencial de la violencia sobre la salud trasciende la dimensión física, las agresiones causan más que ausentismo laboral y costos directos por la atención médica; también, tienen efecto sobre la salud mental ‒temor a transitar por ciertos espacios públicos en algunas zonas del país ocasiona tensión y estrés sostenido‒ lo que mina la calidad de vida y posibilidades de desarrollo de las personas. Reportes recientes destacan que el personal médico y paramédico, en particular el institucionalizado tiene un riesgo mayor de ser víctima de violencia directa.

Según García (2011) los recursos generados por el narcotráfico son la segunda fuente de financiamiento en México (29 mil millones de USD/año), levemente superado por el petróleo². Esto sería imposible sin la complicidad y corrupción de instituciones y gobiernos; paralelamente se estima que los daños colaterales alcanzan los 35,000 muertos en cinco años, cifra muy cercana a lo que se reporta en este estudio. De acuerdo con este autor, la supuesta guerra contra el narco tiene distintas vertientes, pero deben destacarse dos. En primer lugar, durante el período panista el Estado emitió discursos para legitimar la ineficiencia del gobierno, lo que, a su vez, se utiliza para justificar la escalada de muerte y la permanente violación a los derechos humanos, particularmente, en los estados de la frontera norte, donde se promueve, también, la militarización en todo el territorio nacional. Además de reforzar la fuerza represiva, en el Mando Único Policial. En segundo lugar, se enfatiza el efecto adverso de implantar la cultura del narcotráfico, que tiene distintas aristas: por un lado el blanqueado de recursos a través de las pantallas (cine y tv) que presentan una apología de los modos de vida delincuenciales, así como narco-corridos, que muestran una alternativa fácil e inmediata para los miles de personas desempleadas que anhelan tener acceso a los bienes que la publicidad propaga. Ambas logran la reproducción del fenómeno en estudio. Al respecto, se coincide con Maldonado (2012) y puede entenderse como otra evidencia de descomposición social.

En ese rejuego de intereses, donde el Estado legitima su inefectividad e ineficiencia, el narcotráfico "conquista plazas" y blanquea recursos, genera terror entre la ciudadanía y se pierden más de tres millones de años de vida en un solo sexenio debido a homicidios, se reduce la edad a la que las personas jóvenes se incorporan a las filas de la delincuencia organizada, y los grupos familiares pierden padres e hijos, dejando niñas y niños huérfanos y viudas, lo que, a la vez, trastoca la organización doméstica, ya depauperada por la política económica. En este escenario la ciudadanía es la gran perdedora.

La cifra de homicidios registrados de mujeres ‒mucho menor en este estudio‒ deben ser vistos con reserva, como daños colaterales, sin pretender que las mujeres evitan involucrarse en la criminalidad, ya que se sabe que junto al tráfico de estupefacientes progresan el mercado de armas y el sexoservicio (Maldonado, 2012); tampoco se sabe cuántas de estas mujeres fueron también víctimas de trata y esclavitud sexual. Se podría, incluso, afirmar que los vínculos entre muerte por causas violentas y violencia de género se observan con mayor claridad en ambas zonas fronterizas del país. Todo apunta a que esta violencia vulnera a ciertos grupos sociales, los menos favorecidos.

Aunque la violencia criminal que afecta a los hombres con mayor frecuencia ocurre en espacios públicos, no se atiende aquí la violencia de género, que acontece en el espacio privado, donde las víctimas son mujeres fundamentalmente, aunque también niñas y niños (Buvinic, 2005), lo que amerita un análisis particular. En los casos de homicidio, mujeres, niñas y niños son afectados de manera indirecta, con lo cual se deteriora no sólo la integridad física y la estabilidad económica, sino también el bienestar que los grupos domésticos podrían tener.

A inicios del S. XXI, en México se coincidió con el cambio de partido político en el poder, y se trastocó el frágil equilibrio que el Estado sostenía con otras fuerzas (García, 2011; Bartolotta, Fuentes y Gaggo, 2011), induciendo el tránsito de la violencia física manifiesta y la cotidiana de baja frecuencia hacia una expresión acentuada de violencia estructural asociada a la exclusión de grandes sectores de la población, la acentuada pobreza, y la mayor vulnerabilidad de orden socioeconómico.

De acuerdo con los datos presentados la solución no se atisba en el aumento de las fuerzas represivas, ni en la reducción de la edad para enjuiciar a delincuentes juveniles como adultos; tampoco, en la instauración de la pena de muerte ni en el incremento de las condenas en prisión. Para este efecto, se podría considerar la prevención, aunque por vías alternas: i) indiscutiblemente replantear la viabilidad de las reformas regresivas ‒sanitaria, educativa, fiscal‒; ii) generar más empleos con salario decente, como los nombra la Organización Internacional del Trabajo; iii) combatir la impunidad de los delincuentes de cuello blanco; iv) castigar a los políticos y funcionarios que se enriquezcan de manera inexplicable, así como a quienes blanqueen capitales provenientes del narcotráfico. Entre otras muchas, que representan afectación a intereses particulares del grupo en el poder.

No es sencillo ofrecer alternativas para atender el fenómeno que se describe, aunque considerando que el homicidio en estas dos décadas es expresión de la violencia estructural, se requiere de formas de intervención más efectivas, reorientar las políticas económicas (no focalizadas) quizá sea un paso en la dirección correcta.

¹ CIE 9a y 10a Revisiones. Disponible en: www.ine.es/daco/daco42/sanitarias/listas_02.doc ↺

² Esta afirmación es correcta únicamente previo al desplome de los precios del petróleo, a finales del año 2015. ↺