Escolaridad, violencia y anticoncepción en el embarazo no deseado. Mujeres mestizas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. México

Schooling, violence and contraception in unwanted pregnancy. Mestizo women in San Cristobal de las Casas, Chiapas. Mexico

El Instituto Alan Guttmacher ha señalado que en México en la década de los 90, el 40 % de los embarazos fueron no intencionados mientras que 17% de ellos terminaron en abortos inducidos (Guillaume y Lerner, 2006). Como resultado de los cambios sociodemográficos ocurridos en el país, que han llevado a la disminución de la tasa de fecundidad de 5.6 hijos por mujer en 1970 a 2.2 en 2006, la proporción de embarazos no deseados habría aumentado no obstante la política de planificación familiar, al registrarse un aumento de 64% en el número de abortos inducidos que pasó de 533 000 en 1990 a 875 000 en 2006, y en el incremento de la tasa de aborto que de 25 por 1000 mujeres de 15 a 44 años se ubicó en 33 por 1000, en el mismo período (Juárez, et al., 2008: 2-12). Estimaciones más finas, agrupando a todos los estados por regiones, señalan que dicha tasa sería de 38 por 1000 mujeres mientras que para la región 6, la menos desarrollada donde se ubica Chiapas, se encontraría entre 25 a 27 por cada 1000 mujeres; una de las más bajas si se compara con el resto del país (Juárez y Signh 2013, 25-35). Puede decirse que, en general, el aborto inducido es evidencia de que la gestación no era deseada por parte de la mujer, sin que el hecho de que la continúe hasta el parto sea garantía de que haya sido deseada.

Desde la perspectiva demográfica, el embarazo no intencionado es definido como aquel que ocurre cuando no se desea, independientemente si se utilizó o no protección anticonceptiva, debiendo distinguirse si se trató de un embarazo tal vez deseado pero inoportuno o si éste fue no deseado en absoluto (Committe on Unintended Pregnancy, 1995: 22). Esa forma de conceptualizar el problema sin embargo ha sido criticada, pues no es aplicable a todos los contextos, además de que la intención de embarazo y el deseo se correlacionan pobremente, cuando se trata de saber lo que ocurre a escala individual (Zabin, et al, 2000: 39-45, Sable y Libbus, 2000: 191-196, Poole, et al, 2000: 179-182, Standford, 2000: 183-189, Santelli, et al., 2003: 94-101).

Algunos estudios han documentado el papel de la ambivalencia que lleva a algunas mujeres a la inconsistencia en el uso de anticonceptivos o a su no uso en lo absoluto (Sable y Libus, 2000: 191-196; Zabin, 2000: 39-45). Al respecto, la erotización del riesgo, las fantasías acerca del deseo de tener un hijo con una pareja en particular, ligadas al placer sexual y por lo tanto al sexo no protegido, tanto en mujeres como en hombres, evidencian la importancia de la satisfacción de necesidades inmediatas de tipo emocional en detrimento de metas de largo plazo, como el evitar la gestación (Higgins, 2008: 130-137). Diversos estudios han puesto de manifiesto el importante papel de los varones y la estabilidad de la relación como condicionantes del deseo y destino del embarazo por parte de las mujeres, de modo que si no hubo apoyo afectivo ni económico, fue más probable que éste fuera rechazado (Kroelinger, et al., 2000: 112-119, Zabin, et al., 2000: 39-45). El deseo puede también modificarse a lo largo de la gestación como respuesta a lo que ocurre en el contexto y es significativo para las mujeres, así que un embarazo que inicialmente era deseado puede volverse no deseado o por el contrario puede ser aceptado más tarde (Sable y Libus, 2000; Kroelinger, et al., 2000; Poole, et al., 2003: 179-182, Zabin, et al., 2000).

Se ha documentado también alguna asociación entre el embarazo no intencionado y la violencia en la relación de pareja. Resultados de una amplia muestra obtenida de la base de datos del Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS), en los Estados Unidos, mostraron que el nacimiento del producto contra el deseo de la mujer había sido más frecuente entre quienes habían reportado violencia 12 meses antes y durante la gestación, en oposición a quienes no la sufrieron, y que sería más frecuente en mujeres socialmente más vulnerables como las afroamericanas, las menores de edad, las que no estaban casadas, las que vivían en condiciones de hacinamiento o que tenían menor escolaridad (Goodwin et al., 2000: 85-92; Saltzman et al., 2003: 31-43). La violencia sería también más frecuente entre quienes decidieron abortar y no comunicaron su decisión al varón o en quienes tuvieron abortos inducidos de repetición (Woo et al., 2005: 1329-1334; Fisher et al., 2005: 637-641). El abuso físico o sexual sufrido en la infancia y el haber crecido en un hogar disfuncional, estuvieron asociadas a la presencia de embarazo no deseado en la adultez (Dietz et al., 1999: 1359-1364).

En América Latina, el papel de apoyo o de abuso de los varones según el marco material, normativo y simbólico en que tienen lugar las relaciones de pareja, condiciona su corresponsabilidad en la protección anticonceptiva así como el deseo o no de las mujeres por el embarazo (Tolbert et al., 1999, Llovet y Ramos, 2001, Bankole et al., 1998 citados por Guillaume y Lerner, 2006). Según un estudio llevado a cabo en Colombia, la violencia de pareja mantiene una asociación significativa con el embarazo no intencionado, de modo que cada año se evitarían aproximadamente entre 32 500 y 45 000 de éstos si la primera fuera eliminada (Pallito y O’ Campo, 2004: 165-173). Si bien en México no se ha investigado la asociación entre la violencia y la intención de embarazo, la información disponible ha evidenciado que existe una continuación entre el maltrato sufrido en la infancia y más tarde en la adultez, de modo que la gestación habría sido raramente la iniciadora de la violencia (Castro et al., 2003: 110-1116; Cuevas et al., 2006: 239-24).

La asociación entre el embarazo no deseado y la violencia de pareja ha sido documentada sobre todo entre mujeres con más desventajas sociales como en aquellas con menor escolaridad (Geldstein, et al., 1997: 121-131, Rickert, et al., 2002: 178-183, Mc. Closkey, et al., 2005, Dan Vung, et al., 2008); pocos estudios, sin embargo, han encontrado que la violencia puede ocurrir también entre mujeres más escolarizadas al trastocarse los roles tradicionales de género (Burazeri, et al., 2005; Gómez Dantés, et al., 2006).

¿Qué circunstancias pueden colocar a mujeres con educación superior promedio, y aparentemente con más poder, en la posición de vivir un embarazo no deseado? El estudio que se presenta a continuación formó parte de un proyecto con metodología cualitativa que tuvo como objetivo contribuir al esclarecimiento de este problema, entre mujeres indígenas y mestizas, en una ciudad mediana de Chiapas, en el sureste de México.

Previo consentimiento informado, fueron entrevistadas doce mujeres mestizas en el período del 2006 al 2008: siete de ellas nacidas en San Cristóbal y cinco inmigrantes de diferentes municipios chiapanecos y estados del país, quienes llegaron generalmente desde su infancia a esa ciudad. La pregunta clave fue "¿cómo cree que ocurrió ese embarazo que no deseaba?". De las doce mujeres, nueve decidieron interrumpir el embarazo y tres lo continuaron hasta el nacimiento del hijo o hija.

A lo largo del siglo pasado la necesidad de tierra y en general las difíciles condiciones de vida aunadas a la violencia estructural, impusieron la migración campesina indígena de la región de Los Altos, con una alta densidad de población, hacia otras regiones del estado, así como a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas que a partir de la década de los 70s creció vertiginosamente (Viqueira, 2005: 219-236, Aubry, 2008: 111-146, INEGI, 2003: 21-36). En ese proceso las mujeres indígenas llegaron a esta ciudad, muchas veces solas, para escapar de la violencia doméstica, pero también con la idea de mejorar su vida, transgrediendo la costumbre de sus lugares de origen (Freyermuth y Manca, 2000: 203-228; Álvarez el al, 2012: 395-423); al mismo tiempo llegaron mujeres mestizas de otros municipios, así como de otros estados del país, por motivos de estudio o trabajo, según la narrativa de las entrevistadas.

La religión católica ha tenido un peso preponderante en una región relativamente aislada como Los Altos y en San Cristóbal de Las Casas, su principal centro urbano (Aubry, 2008: 111-146), influyendo en las normas de convivencia, cuya rígida división sexual del trabajo, legitima las inequidades de género; éstas, sin embargo, se han modificado en grado variable, ante la fuerza de las transformaciones económicas, así como de las culturales. El continuo flujo migratorio de diferentes grupos sociales hacia San Cristóbal, aún de diferentes nacionalidades, desde la segunda mitad del siglo XX, ha convertido a la ciudad en un espacio cosmopolita que, junto a los medios masivos de información, han contribuido a la secularización de las costumbres locales.

La urbanización del municipio de San Cristóbal, cuya tasa de crecimiento poblacional promedio anual¹ del 2000 al 2010 es una de las más alta del estado con 3.3 % (INEGI, 2011: 4), el aumento en la proporción de mujeres con educación básica e incorporadas al mercado de trabajo, así como el acceso a la anticoncepción, han dado lugar a una importante modificación en el tamaño de familia, y probablemente, a un menor deseo de embarazo por parte de éstas. Según datos del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 y de Los Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, en Chiapas el promedio de hijos de las mujeres entre 15 a 49 años disminuyó al pasar en esos años de 2.40 a 2.0. Situación similar se habría registrado en el municipio que pasó de 2.05 a 1.8 en el período señalado, el cual se habría producido sobre todo entre las mujeres con secundaria y más (INEGI, 2008: 41).

Es importante señalar que en el ámbito de la reproducción, se han mantenido las inequitativas normas de género ya que en el estado la salpingoclasia ha registrado la prevalencia más alta, con el 55.6%, mientras que el condón, el coito interrumpido y la vasectomía, han tenido las prevalencias más bajas, de 3.7%, 1.7% y 0.9% respectivamente (INEGI, 2005: 52-67). Acerca del deseo por el embarazo, un estudio realizado en asentamientos marginales de la capital del estado Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal de Las Casas, evidenció que hasta en un 50% hubo franco rechazo, discordancia o indiferencia al mismo, por parte de los miembros de la pareja, sin que el conocimiento de métodos anticonceptivos hubiera sido un obstáculo para que ocurrieran los embarazos (Nazar y Salvatierra, 2008: 1-16).

En este estudio las edades de las entrevistadas se ubicaban en un rango entre los 20 a 37 años. La mayoría contaba con educación media superior y más, sobre todo entre las inmigrantes, algunas de las cuales realizaban estudios de posgrado en instituciones públicas. Más de la mitad tenía un trabajo extradoméstico, algunas de acuerdo con su profesión, y quienes se ocupaban de las labores del hogar eran casi todas estudiantes con un hijo (a) o tenían a un familiar a su cargo. Sólo cinco estaban unidas, dos estaban en proceso de separación y las cinco restantes eran solteras, en su mayoría en etapa de noviazgo. Todas se adscribieron católicas.

Las mujeres originarias de la ciudad procedían de hogares donde los padres eran en su mayoría profesores, una de las pocas profesiones que ha permitido una mejora en las condiciones de vida en una región marginada; o éstos eran pequeños empresarios locales quienes vivían con cierta holgura; o pequeños artesanos. Las mujeres inmigrantes procedían de familias de campesinos, de obreros y de empleados de gobierno, las cuales eran de municipios fronterizos y de la costa del estado de Chiapas así como de los estados de Puebla y Oaxaca. Aunque era explícita la prohibición de involucrarse con una pareja antes del término de los estudios, la mayoría de las originarias de San Cristóbal iniciaron su vida sexual antes de los 20 años mientras que las inmigrantes, en general, después de esa edad. El hecho de ser mujeres con educación media superior o superior, el tener a veces un trabajo extradoméstico y su propio ingreso así como el contar con el apoyo de su familia, no las eximió de haber sufrido abuso por parte de su pareja (celos y control por parte del varón, amenazas a su seguridad, el haberse sentido presionadas a tomar alcohol, el haber sido humilladas, el recibir cachetadas o empujones, el que el varón las engañara con otra mujer, el sufrir su falta de compromiso afectivo y económico hacia ellas y sus hijos e hijas, hasta el abandono). En general en el grupo de las mujeres sancristobalenses todas preparatoria y más, fue frecuente que los varones impusieran sus condiciones y que éstas asumieran los roles de género hegemónicos y desiguales. Entre las mujeres con estudios universitarios y más, sobre todo inmigrantes, lo anterior fue menos común y más de la mitad de éstas negoció de tal manera, que en las crisis pudieron imponer en diverso grado sus propios términos.

Acerca de su vida sexual sólo cuatro de las entrevistadas, un tercio del total, mencionaron que sus relaciones eran consensuadas y por lo tanto respetuosas de sus deseos así como placenteras, correspondiendo con quienes mantenían una relación de pareja un poco más equitativa. Dos eran sancristobalenses y dos inmigrantes, generalmente entre las que tenían mayor nivel de estudios dentro de su respectivo grupo. Para el resto, las relaciones eran aceptadas como una más de las atenciones al varón así como para evitar el reclamo o aún la violencia.

Llama la atención que la mitad de las entrevistadas, entre las que estaban sobre todo las mujeres sancristobalenses, mencionó haber usado anticonceptivos hormonales orales que a veces se les olvidaba tomar; mientras que en las inmigrantes, con mayor escolaridad, predominó sobretodo el uso del condón, así como el método del ritmo con alguna variante como el Billings o el coito interrumpido. Dos de las mujeres nacidas en la ciudad, un sexto de toda la muestra, de las cuales una ya tenía dos hijos, no usaron ninguna forma de protección anticonceptiva; mientras que sólo una de las entrevistadas del total, inmigrante, utilizó alguna vez la píldora de emergencia.

No obstante la escolaridad alcanzada, en el aspecto sexual y reproductivo las tres cuartas partes de éstas refirieron abuso de poder por parte de los varones, quienes impusieron sus condiciones y ellas se subordinaron, así que no siempre pudieron controlar el momento de tener relaciones sexuales; aunado a la inconsistencia en el uso de métodos anticonceptivos efectivos y el confiar en otros menos seguros como el ritmo, el coito interrumpido o simplemente no usar ninguno, en una situación en la que ellas difícilmente tenían el control, lo que se complementa con la poca corresponsabilidad de los varones, quienes fueron inconsistentes con el uso del condón o simplemente rehusaron usarlo.

Así el embarazo no deseado se explica (1) por la dependencia emocional de las mujeres hacia sus parejas y/o (2) para evitar el reclamo y aún para que no continúe la violencia; en un contexto normativo donde el ser esposa y madre es el paso natural y papel principal que se espera cumplan todas las mujeres.

Cuando hubo una relación con una relativa equidad, en este caso en una cuarta parte de las entrevistadas quienes generalmente tenían mayor grado de estudios, el embarazo no deseado se debió en algún nivel subjetivo: (3) al exceso de confianza y por lo tanto al hecho de creer en la propia invulnerabilidad, así como a la negación del riesgo o quizás a la probable erotización del acto sexual sin protección anticonceptiva, tal cual lo refiere Higgins (2008: 130-137).

Puesto que en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas el deseo por más hijos e hijas parece haber disminuido, implica que más mujeres han debido permanecer un mayor lapso de su vida reproductiva sin concebir y que, por lo tanto, habrían necesitado protegerse en mayor medida para evitar un embarazo no deseado. El uso de métodos anticonceptivos sin embargo no habría aumentado, a juzgar por el mantenimiento en la proporción de chiapanecas que los utilizarían, de 53.5% en 1997 y 54.9% en el 2009 (INEGI, 2010), y que se explica por el hecho de que la política de planificación familiar habría dejado de ser una prioridad para el Estado mexicano, al acercarse la población del país al nivel de reemplazo, como lo han planteado Juárez y colaboradores (2008).

Pero aún cuando los anticonceptivos estuvieran ampliamente disponibles, las mujeres habrían encontrado un obstáculo para evitar los embarazos en las costumbres conservadoras de la ciudad y el "deber ser" de los roles hegemónicos de género, que si bien se han modificado, en general mantienen la división sexual del trabajo y la violencia simbólica que legitima la dominación masculina, y su contraparte, la subordinación de las mujeres. Dicha subordinación no permite que éstas se posicionen asertivamente y controlen su cuerpo, lo que se expresaría de una manera específica en cada grupo social y daría lugar probablemente a un aumento de embarazos no deseados y quizás de abortos inducidos en condiciones de riesgo.

Si bien desde hace décadas se ha evidenciado la existencia de asociación entre la educación de las mujeres y la disminución de la fecundidad (Cochrane 1979; Caldwell 1982; United Nations 1987, 1995; Cleland y Rodríguez 1988; Jejeebhoy 1995; Jeffery y Basu 1996; National Research Council 1999, citados por Bongaarts, 2003: 321), Jejeebhoy y Sathar (2001: 678-712) plantean que ello ocurriría porque la educación generaría en las mujeres la capacidad de tomar decisiones, de controlar recursos diversos, de acceder al conocimiento, a la libre movilidad y por lo tanto a relaciones más equitativas en sus familias. McRobbie (2010: 113-135) sin embargo, pone en entredicho el papel igualitario de la educación para las mujeres que, en el marco de la globalización y el desmantelamiento de los logros sociales, recrea bajo nueva luz las normas de género.

Al depender la educación del contexto económico y sociocultural, del papel de las normas y valores que definen el "deber ser" de los roles hegemónicos de género interiorizados en formas de sentir, pensar y hacer de las mujeres y los hombres, y precisamente por no ser cuestionados, aquella tendría en términos generales, un menor peso en lo que se refiere a la conducta sexual y reproductiva. No sería extraño entonces, que no obstante el nivel de escolaridad logrado, los embarazos no deseados tuvieran como causa, fundamentalmente, una subjetividad femenina subordinada a los deseos sexuales de los varones en donde las relaciones íntimas no consensuadas, serían una más de las formas no reconocidas que asume la violencia, tal como otros estudios lo han evidenciado (Santhya, 2007: 124-132, Goodwin et al., 2003: 31-43, Saltzman et al., 2003: 31-43, Pallito y O´Campo, 2004: 165-173) y (Tolbert et al., 1999; Llovet y Ramos, 2001; Bankole et al., 1998; citados por Guillaume y Lerner, 2006). A pesar de todo, el que por medio de la educación las entrevistadas tuvieran un proyecto de vida propio alternativo a los roles tradicionales, parece haber jugado algún papel en el retraso para concebir y en una toma de decisión a favor de sí mismas.

Centrar la solución del problema solo en una mayor información y acceso a la protección anticonceptiva, es insuficiente ante un contexto normativo marcado por las inequidades de género, de clase y de etnia. Además del acceso de las mujeres a todos los niveles de educación, es preciso construir socialmente condiciones que posibiliten proyectos alternativos al de esposa y madre, y redunden en una mejora en sus condiciones de vida. La modificación de las actitudes sexistas en todos los espacios de la vida diaria, particularmente en lo que tiene que ver con los medios masivos de información que modelan en buena parte esas mismas conductas, así como el que la violencia hacia las mujeres no quede impune, son fundamentales para modificar las normas sociales y erigir nuevas subjetividades entre hombres y mujeres. Finalmente, puesto que seguirá habiendo embarazos no deseados, es fundamental revisar la legislación que limita el que las mujeres puedan acceder al aborto legal y seguro en Chiapas y que actualmente restringe el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

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